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El Ministro Dany Durand sentó postura institucional ante las denuncias que están corriendo en redes sociales sobre beneficiados que estarían alquilando o intentando vender las viviendas que se les adjudicó en el Barrio San Francisco. Según el Ministro, los que incurran en estos hechos además de perder la adjudicación que se les había otorgado se exponen a un proceso penal.
El Ministro explicó que la Institución recibe a menudo este tipo de denuncias, ante las cuales procede a la verificación inmediata, pero que este caso en particular preocupa por la relevancia que en su momento se le dio al Proyecto San Francisco. “Nosotros estamos obligados a cuidar el dinero del Estado que ha sido invertido en ese lugar y vamos a ser firmes, de ninguna manera se va a permitir que la gente comercialice con este beneficio que ha recibido”, refirió.
Informó que el Ministerio tiene un Registro Único de Beneficiarios y que si se constatan los hechos, las personas que incurran en este tipo de irregularidades no solo pueden perder las viviendas que se les habían entregado, sino que además quedarán impedidos para recibir cualquier otro beneficio del Estado. “Existe un trabajo coordinado con el Ministerio de Desarrollo Social para el seguimiento y vamos a tomar las medidas que se deban tomar ante estas denuncias”, aseguró.
También instó a las personas que reciben este tipo de ofrecimientos a no ser incautos, ya que de concretar la compra estarían adquiriendo un inmueble sobre el cual no tendrán ningún tipo de derechos, porque la venta de estas viviendas está prohibida. “Queremos advertir a las personas que pudieren comprar estos departamentos que pueden entrar en un problema incluso de carácter jurídico, porque la transferencia o venta de estos inmuebles están claramente prohibidas”, dijo.
Por su parte el Director General Jurídico Juan Vicente Talavera aseguró que si con las investigaciones que se están realizando se comprueban los hechos, los que hayan incurrido en esto son pasibles de ser eliminados de la nómina de adjudicados. “Si eso ocurre quedaríamos habilitados para ejercer los mecanismos legales que deriven en un desalojo, pudiendo dar intervención al Ministerio Público. Las personas individualizadas pueden ser procesadas por estafa” y otros delitos, manifestó.
La lista de 1000 familias adjudicadas con las soluciones habitacionales en el Barrio San Francisco fue remitida hace unos meses al Ministerio de Desarrollo Social para el acompañamiento a las familias. Ahora ambas instituciones están abocadas a constatar estas supuestas irregularidades y a tomar las medidas correctivas pertinentes.
